Reforma Agraria, o qué…

Quien no participó de una discusión política, donde alguien propusiera como una solución casi mágica a la “reforma agraria”. Este tipo de leyes se han aplicado en casi todo el mundo y trascendió a nivel masivo sus efectos, sin embargo poco se sabe de las motivaciones que llevaron a tomar estas medidas. La reforma agraria (R.A.), fue y es parte obligatoria del discurso de izquierda, los ribetes románticos que rodean la aparente justicia del acto de repartir entre muchos lo que pertenece a pocos, deja fuera de lugar cualquier cuestionamiento. Lo cierto es, que cualquier iniciativa de esta naturaleza desata un conflicto de proporciones mayúscula, puesto que se pone en duda el fundamento del capitalismo, nada más, ni nada menos que la legitimidad de la propiedad, que sería para la mayoría de los mortales, poner en duda su propia existencia.

Lo invito, entonces, a subir a la máquina del tiempo y sobrevolar algunos años posteriores a la revolución francesa. En esos tiempos, la elite burguesa industrial recién llegada al poder, percibieron que la concentración de la propiedad de la tierra, originaria de los resquicios del feudalismo y de la oligarquía rural, se había transformado en obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas en el campo y la industria, y trataron de buscar una solución. Propusieron la distribución, la democratización de la propiedad de la tierra, y llamaron a ese proceso, reforma agraria.

Gracias a estas acciones se creó un amplio mercado interno, y la revolución recibió un impulso incontrastable. Esa estructura que se implanto, de pequeñas y medianas propiedades, han perdurado hasta nuestros días. La pregunta cae de maduro, ¿los resquicios del feudalismo y la oligarquía rural entrego las tierras sin luchar?, lo que paso es que los oligarcas habían perdido, y le dieron a elegir, la expropiación y posterior reparto, o la guillotina, le digo más, algunos no tuvieron ni siquiera el beneficio de la pregunta. Pero… de donde sale la idea, parece que uno de estos cráneos, (Un burgués revolucionario) estaba muy preocupado por la permanencia en el poder, y revisando la historia de los romanos encontró la solución, dicen que estos tipos, (Los romanos), poseedores de una maquinaria bélica imbatible, aparte de sus carros, escudos, tácticas y estrategias, Centuriones, Generales y Emperadores, tenían un arma secreta. Luego de que la guerra se consumaba y la ocupación era un hecho, aparecían los soldados más eficientes del Imperio Romano, los agricultores. Parcelaban las tierras productivas, absorbían la mano de obra esclava e inmediatamente se convertían en protagonistas de la economía local, siempre agradecidos y fieles a Roma, respondieron por siglos al poder central.

Estados Unidos de América, como parte de la colonización del oeste, en 1862, desde el Congreso aprobó una ley, por la cual, cualquier ciudadano podía adquirir 160 acres (65 hectáreas) por familia, por 10 dólares, que funcionó como una R.A. sobre las tierras públicas, garantizando el acceso más democrático a todos los que quisieran trabajar la tierra, de forma familiar. Los primeros lotes ocupados fueron los linderos a los corredores de las caravanas que transitaban de este a oeste. La avanzada del ejército dejó su huella en la colonización, dado que la milicia voluntaria se establecía en los campos que se le “ganaba” a los pueblos indoamericanos. Esta modalidad contrastaba con los latifundios del sur, las tierras fértiles fueron ocupadas en su totalidad y las áridas quedaron como reservas para los pueblos originarios, esto quedó plasmado en compromisos y tratados con el Gobierno, sin embargo, pasado el tiempo las explotaciones mineras rompieron esas normas y volvieron a perjudicar a esos pueblos que quedaron confinados en pequeños y disgregados territorios. La iniciativa de atomizar la propiedad de la tierra tiene como objeto dividir el poder que otorga la propiedad concentrada, que más tarde o más temprano pone en jaque al poder político. Veamos cómo es eso.

Con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial, y el dominio armado norteamericano en prácticamente toda Asia, se abrió espacio para que se realizaran reformas agrarias netamente capitalistas. Bajo la ordenanza de las fuerzas armadas intervencionistas del Gral. MacArthur, aplicaron de manera radical la reforma en Japón.

Después de la victoria de China Popular (1949), Estados Unidos implantó sus mismas leyes de R.A. en la provincia autónoma de Taiwán, y posteriormente, en Corea del Sur.

Como es notorio, el que perdía era sometido a la “democratización” de la propiedad de la tierra concentrada en pocas manos. Lo cierto es que la R.A. capitalista atomizo el poder, lo pulverizo, y no importo el costo, dos bombas atómicas lo certifican.

Así fue. La tierra paso de pocas manos a unas cuantas, pero siempre bajo el fundamento de la propiedad privada.

El estallido de la primera revolución proletaria del mundo, en Rusia, bajo el lema “tierra, pan y libertad”, fue el grito de alerta a otras burguesías europeas que todavía no habían implantado la R.A. Y con el temor de que se repitiera la revolución rusa en sus países, en el período de 1917-20, se implantaron leyes de R.A. en prácticamente todos los países de Europa oriental, incluso Yugoslavia. En ese mismo período, hubo otras experiencias de R.A. radicales, llamadas revolucionarias, porque fueron iniciativas de las masas. La más significativa fue la mexicana, hecha al calor de la revolución de 1910-20 que, aparte de su carácter radical y violento, no traspasó los límites del capitalismo.

Hubo muchas otras en los países del hemisferio norte, pero ya en el marco de la transición del sistema económico capitalista al socialismo. Esas reformas agrarias se caracterizaron no solamente por la distribución de la tierra entre los campesinos, sino que también representaron la nacionalización de la propiedad social de los medios de producción agrícola, y la eliminación de las diferencias sociales en el campo. Así ocurrieron las reformas agrarias socialistas de Rusia (1918 en adelante), China (1949), Cuba (1960), Europa del Este (después de la Segunda Guerra Mundial), Corea del Norte (1956), Vietnam, etc.

Como se puede ver, es un tema apasionante, un tema del que se habla mucho y que se sabe poco. Las reformas agrarias, que como se dijo antes, transitaron del capitalismo al socialismo y socializaron la propiedad de la tierra. El estado somos todos, y si la tierra es del estado, la tierra es de todos, el producido de este bien social también es un bien colectivo, una buena medida cuando la labranza y cosechas requerían abundante mano de obra. Además el manejo de la propiedad por parte del estado es el manejo del poder mismo.

Donde todo cuesta un Perú

Un caso paradigmático es el de Perú, con casi 80 millones de hectáreas de bosques naturales, más del 50% del territorio, solo ocupa 2,5 millones de hectáreas para la producción de cultivos transitorios, (Maíz, trigo, papa, arroz, cebada, entre otros.).

 En 1963, durante el gobierno de la Junta Militar, presidida por Nicolás Lindley, se promulgó la Ley de bases para la Reforma Agraria que creó el IRAC (Instituto de Reforma Agraria y Colonización) e inició el proceso de la reforma agraria en el valle de La Convención (Cuzco). Al año siguiente, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que no incluyó a las grandes propiedades de la costa norte y tuvo problemas para ser aplicada.

La reforma fue retomada durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley N° 17716, con el cual se inició el proceso. En los años siguientes, alrededor de 11 millones de hectáreas fueron adjudicados a cooperativas y comunidades campesinas. Dos tipos de cooperativas fueron formados: las cooperativas agrarias de producción (CAP) y las sociedades agrícolas de interés social (SAIS). Las CAP fueron formadas en las haciendas agrícolas de la costa como propiedad colectiva de los trabajadores agrícolas. Las SAIS fueron organizadas en las haciendas ganaderas de los Andes como combinación de cooperativa de trabajo asalariado y comunidades campesinas tradicionales.

Todas las normas fueron derogadas por el Decreto Legislativo N° 653 de 1992, dejando sin titulación, (que estaban en gestión), a comunidades indígenas y campesinas, exponiéndolos a un vacío legal, que los dejo sin una mínima protección del Estado.

Edwin Chota, de 53 años y presidente de la comunidad de Saweto, en un reportaje que le hizo The New York Times en abril de 2013 sobre la lucha de los indígenas contra los comerciantes ilegales de madera advirtió: “La ley no llega a nosotros, estamos amenazados de muerte (por los madereros ilegales), en cualquier rato vamos a ser muertos”. Además reclamaba: “Hay un vacío de las instituciones del gobierno peruano. No tenemos protección (…) Ese vacío es un riesgo, es un peligro de vida para nosotros. Hace tiempo corremos ese riesgo, los madereros están armados y sabemos cómo actúan”.

Edwin Chota, Leoncio Quinicima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo, dirigentes de la comunidad amazónica de Saweto, cercana a la frontera con Brasil, venían luchando desde hacía muchos años contra la tala ilegal de madera y por la titulación de sus tierras ancestrales, sin que las autoridades los escuchen. El 1 de septiembre de 2014 los cuatro fueron asesinados por defender sus tierras ancestrales, las viudas tardaron 4 meses en llegar a Lima para denunciar el crimen, Ollanta Humala, Presidente por ese entonces del Perú calificó el hecho de “Bárbaro”, agregando que “lo ocurrido nos avergüenza como sociedad”. La inconclusa titulación de la tierra de las comunidades indígenas ha dejado sin marco legal a sus verdaderos dueños, el ataque de la tala ilegal de madera es insostenible junto a la industria legal extractiva, como lo es el petróleo y la minería. Edwin había anunciado su muerte hacía más de un año, en uno de los medios más importantes del mundo, sin embargo su dramático testimonio no fue escuchado. Es imposible desvincular al Estado peruano, por desidia, por abandono de su pueblo, por intereses inconfesables, de estos asesinatos. 

Y… si repartimos

 Producir riqueza a partir de la tierra es una práctica tan vieja como el mundo, ¿es un País rico aquél que tiene una gran producción agrícola?, depende de la propiedad de la tierra, si solo unos pocos son los dueños de los campos, resulta que tenemos tipos muy ricos en países pobres. Socializar la propiedad de la tierra es el corazón de una reforma agraria. Veamos qué pasa cuando tomamos los 18 países que más tierra cultivada tienen y a las mismas las dividimos por la cantidad de habitantes:

El sexto lugar lo ocupa Argentina, que podría repartir casi 3 hectáreas por familia con dos hijos. A partir del cuadro se puede hacer cualquier tipo de especulación, lo cierto es que la propiedad, tal como está planteada es un impedimento infranqueable para la equidad.

200 años de historia nos enseña a los argentinos que no ha sido posible llevar a cabo ninguna iniciativa de reforma agraria. El blindaje institucional que supieron tejer las clases dominantes, hicieron imposible cualquier intento de discutir la concentración de la propiedad de la tierra. Bajo esta óptica practicaron el fraude electoral y los golpes de estado, para desalentar cualquier aspiración del pensamiento popular en este aspecto.

La tecnología aplicada a la agricultura ha dejado a la reforma agraria en un lugar incomodo, repartir las tierras productivas, si fuera posible, redundaría en una abrupta caída de la producción, dado que el conocimiento está concentrado en poca gente muy especializada.

Según datos oficiales, se riegan dos millones de hectáreas, de las 31 millones cultivables en el país. Esto implica un 6% del total, que no contempla a las superficies que podrían entrar en producción. En Estados Unidos, ese guarismo asciende al 20% del área de producción, y lo que se cultiva en ese territorio representa el 40% de la cosecha total estadounidense.

El 1 por ciento de las estancias más grandes de América Latina acapara la mitad de la tierra agrícola y el 80 por ciento de las fincas cuentan con solo el 13 por ciento del territorio. “América latina es la región del mundo más desigual en la distribución de la tierra”, asegura una reciente investigación de la ONG internacional Oxfam. En Argentina, el 1 por ciento de las estancias más grandes concentra el 36 por ciento de la tierra. La injusta distribución tiene directa relación con el avance minero, petrolero, agro-negocio y forestal. “El extractivismo ha dado lugar a una crisis de derechos humanos en la región, amenaza derechos y libertades fundamentales”, alerta Oxfam.

“Desterrados: tierra, poder y desigualdad en América Latina”, es el nombre de la investigación que, en base a datos oficiales, analiza la situación de todos los países de la región.

Página 12, publicó, el 16 de enero pasado, un artículo que analiza las cifras y conclusiones de esta extensa investigación de más de cien páginas.

“La extrema desigualdad en el acceso y control de la tierra es una de las causas de los niveles intolerables de pobreza. Sin políticas que aborden este reto (la tierra) no será posible reducir la desigualdad económica y social”, afirma la investigación de Oxfam e interpela la concentración de tierra en pocas manos: “Es un orden social arraigado y más cercano al feudalismo que a una democracia moderna”.

Las pequeñas explotaciones agropecuarias son mayoría, pero tiene muy poca tierra. En Colombia, el 84 por ciento de las fincas ocupa solo el cuatro por ciento de la superficie agrícola. Paraguay es otra mala referencia: el 91 por ciento de las chacras cuenta con sólo el seis por ciento de la tierra. En Argentina, el 83 por ciento de las explotaciones agropecuarias tiene sólo el 13 por ciento del territorio.

“La tierra se encuentra cada vez más concentrada en menos manos y sometida a un modelo de extracción y explotación de los recursos naturales que, si bien ha ayudado a crecer a las economías de la región, también ha acentuado la desigualdad. Los beneficios de este modelo extractivista se concentran en manos de unas élites”, resume la investigación. El informe llama a una “urgente y necesaria nueva distribución de la tierra en América latina”.

Entre los sectores más perjudicados se encuentran campesinos y pueblos originarios. “La impunidad con la que se asesina a los activistas indígenas debe terminar. Es urgente que los gobiernos en todo el mundo actúen de forma inmediata para protegerlos”, destaca el informe.

La injusta distribución de la tierra se profundiza con el uso de violencia. “Con la expansión de las actividades extractivas se han multiplicado los conflictos territoriales y se han disparado de forma alarmante los índices de violencia contra quienes defienden el agua, los bosques y los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Estos grupos son marginados, perseguidos, agredidos y criminalizados por defender su derecho a la tierra”, denuncia Oxfam.