PROTESTA SOCIAL – Historia de una castración

Protesta social.  Los límites del reformismo. Los reclamos piqueteros en la década ganada. (2003-2013)

“Es necesario que deje de sentir, es necesario que empiece a recordar”
Julio Cortazar

Año 2003: 1.115.000 planes de seguridad alimentaria, 1.534.000 planes Materno Infantil, 1.796.000 planes Jefes y Jefas, 3.133.000 planes en huertas de familias comunitarias, 1.985.470 personas en comedores comunitarios, 400.000 pensiones asistenciales no contributivas.

La implementación de estos planes no mejoró las condiciones de vida de los desocupados, tampoco cumplió con el teórico objetivo de superar el clientelismo. Es así que para los primeros años del siglo nuevo, los principales reclamos tenían que ver con la necesidad de incorporación a los planes de los desocupados integrantes de organizaciones opositoras al kirchnerismo.

Desde los años 2004 y 2005 se produjeron manifestaciones exigiendo la incorporación de más beneficiarios a los planes sociales. En 2004, se realizaron 25 acciones directas. Una de las principales fue en reclamo de 26.000 planes sociales dados de baja. Mientras el gobierno afirmó que hubo un reempadronamiento en función de transparentar fondos, las agrupaciones nucleadas en el Bloque Piquetero Nacional  conformada por el Polo Obrero, el Movimiento Teresa Rodriguez, Frente Único de Trabajadores Desocupados (FUTRADE), Movimiento Territorial de Liberación (MTL), Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados (MIJP), Agrupación Tendencia Clasista 29 de Mayo, Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, CTD – Coordinadora Anibal Verón – denunciaron que la mayoría de los planes que fueron dados de baja pertenecían a integrantes de las agrupaciones pertenecientes al Bloque.

Al gobierno le llevó un tiempo prolongado lograr la disminución de la conflictividad social. Durante el primer año , los cortes de calle, marchas y piquetes se sucedieron sin que el gobierno interviniera con la fuerza policial. El “diálogo” es lo que imperaba en los intentos gubernamentales de lidiar con las agrupaciones barriales. Si el objetivo era la cooptación, la represión luego del Argentinazo no era aconsejable. Es así que los  movimientos realizaron 52 acciones directas en el lapso de un año y medio hasta que el gobierno comienza su giro represivo.

Hacia mediados de 2005, las organizaciones piqueteras salieron a la calle por el aumento de la remuneración percibida. Fue el año de mayor cantidad de manifestaciones por parte de los piqueteros bajo los gobiernos kirchneristas. En total se produjeron 38 acciones directas. A mediados de agosto 20.000 activistas durante cuatro días reclamaron el aumento del monto de $150 a $350. A lo largo de todo el país con marchas desde el Congreso a Casa de gobierno, con cortes y marchas en Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán , Córdoba, Neuquén y Río Negro. Diez días después de esta demostración de fuerza , el gobierno impidió por medio de Gendarmería que los piqueteros accedan al Puente Pueyrredón y a la Plaza de Mayo, marcando el inicio del giro represivo. En las siguientes seis manifestaciones, la gendarmería y la policía federal se hicieron presentes para desactivar los piquetes.

DEBAJO DE LA ALFOMBRA

“El rico lleva la ley en su bolsa” J.J. Rousseau.

De a poco se fue cumpliendo el objetivo político de desarticular acciones de los desocupados y cooptar a parte del movimiento piquetero. Para 2006 disminuyen a menos de la mitad la cantidad de manifestaciones piqueteras. Para este año, había once municipios que tenían en sus administraciones a dirigentes barriales, quienes se suman a los anteriormente cooptados como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita. En 2004 estos habían creado un frente de piqueteros kirchneristas, con el objetivo de “darle base social al proyecto” en disputa con el PJ. Cerca de 50 piqueteros se convirtieron en funcionarios de diferentes dependencias estatales nacionales, porteñas y bonaerenses. Entre ellos figuran Néstor Piccone, miembro fundador de Federación Tierra y Vivienda (FTV), quien se suma a las filas de la gerencia periodística de Radio Nacional; Edgardo Depetri, diputado del Frente Nacional Transversal y Popular; Carlos Lopez (FTV), Néstor Moccia (Barrios de Pie) y Santiago Martorelli (Movimiento Evita), quienes trabajaron en ese entonces con Parrilli en la Secretaría de la Presidencia; Isaac “Yuyo” Rudnik (Barrios de Pie) trabajaba en Cancillería, Roberto Baigorria (Barrios de Pie) y Nélson González (Frente Nacional Transversal y Popular) tenían a los suyos trabajando para el Programa Promotores, Luis Bordón (Barrios de Pie) coordinaba el Programa  Antiimpunidad en el Ministerio de Justicia; Juan José Cantielo (FTV) diputado provincial para el FPV en Buenos Aires; Laura Velazco (Barrios de PIe) ejercía como coordinadora del Programa de Alfabetización y Voluntad Universitaria. Como vicejefe de gabinete del entonces gobernador Felipe Solá, Emilio Pérsico logró dar unas cuantas funciones a su gente: Lorena Riego era directora provincial del Programa de Derechos Humanos, Eduardo Ancona era director provincial de Coordinación de Política Regional, Pablo Ovey era director provincial de Desarrollo Humano y Gildo Onorato, director provincial de la Juventud. En Quilmes, Hugo Colane y Fabio Gonzalez, ambos del Movimiento Evita, ocupaban los cargos de director de Derechos Humanos y Subsecretario de inclusión social, respectivamente.

Se estableció así una nueva relación de fuerza entre el gobierno y el movimiento piquetero.

La estrategia de sistematización de los planes sociales surtió efecto; se contuvo a la sobrepoblación relativa mediante asignaciones y remuneraciones que estaban por debajo del salario mínimo vital y móvil, y que por lo tanto no mejoraban en forma radical las condiciones de vida de los trabajadores, se desarticuló a los principales movimientos y partidos políticos que militaban en los barrios en disputa con el kirchnerismo mediante las asignaciones directas e individuales del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente”, y se siguió con las prácticas clientelares que sus programas venían supuestamente a combatir.

 Los siguientes años inician un reflujo en esta fracción de la clase obrera. En 2007 se sigue en la tendencia a la baja en las acciones de los piqueteros. Contabilizamos sólo tres, el punto más bajo de la década kirchnerista. La novedad de este período fue la ruptura de la agrupación Barrios de Pie con el gobierno y el comienzo de acciones exigiendo el aumento del monto de las asignaciones percibidas. Esta agrupación modifica su relación con el gobierno, según ellos, por la decisión del kirchnerismo de entrar en las filas del PJ.

MEJOR NO HABLAR DE CIERTAS COSAS

En el contexto de la crisis mundial y la caída de los puestos de trabajo , el kirchnerismo perdió las elecciones legislativas del año 2009. La creación del Plan Argentina Trabaja (PAT) fue consecuencia de ese proceso. El PAT es presentado como un progresivo reemplazo de los subsidios de $150 por “puestos de trabajo genuino”, con ingresos que se aproximan a los $1.200 por mes. El programa está destinado a personas en situación de vulnerabilidad, sin ingresos formales en el grupo familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilaciones nacionales ni otros planes sociales, a excepción del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Para su implementación, el Ministerio de Desarrollo Social acordó con los Entes Ejecutores (municipios, provincias, federaciones, mutuales) a través del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) la formación y capacitación de cooperativas compuestas por alrededor de 60 trabajadores cada una, quienes tienen a su cargo la ejecución de obras públicas locales que demandan mano de obra intensiva. Para ese entonces , el monto percibido por tomar parte del PAT representa un 85% del salario mínimo, vital y móvil.

A partir de su creación , comenzaron los reclamos de las agrupaciones sociales. En los primeros dos años del PAT, estos apuntaban contra el clientelismo y pedían la inclusión de grupos no incorporados. Una de las manifestaciones más importantes en relación al PAT fue el acampe en Avenida de Mayo a mediados de diciembre de 2009 con una duración de tres días, en donde participaron el Bloque Piquetero nacional junto con Barrios de Pie en demanda de ser efectivamente incorporados al plan luego del acuerdo de principios de mes. Manifestaron que habían sido inscriptos sólo 1.200 desocupados, la mitad de lo acordado semanas atrás. A su vez, afirmaron que a los inscriptos no se les otorgaba la capacitación correspondiente y por lo tanto, no podían comenzar a trabajar. A principios de noviembre de 2009, piqueteros oficialistas pertenecientes a la Central de Movimientos Populares (CMP) – entre ellos Movimiento Octubres, 8 de Octubre, 26 de Julio y Zona Norte – cortaron la 9 de Julio frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de mayor acceso al plan oficial de cooperativas y reconocieron dificultades en la negociación con los intendentes del conurbano.

Con la implementación de este plan , las denuncias de clientelismo fueron una constante en las acciones de los piqueteros. La caja era utilizada por parte del gobierno como un mecanismo de regimentación, no solo a las agrupaciones sociales opositoras y propias, sino también de los mismos intendentes. El hecho de pertenecer o no al oficialismo definía el acceso a recursos para planes y, con ello, la disminución de la conflictividad social al interior de los municipios.

En Marzo de 2011 aparece en escena el Frente de Lucha por Cooperativas sin Punteros.

Integrado por el MTD Aníbal Verón, MTDs y agrupaciones territoriales del Frente Popular Darío Santillán, Federación de Organizaciones de Base (FOB), Organización Popular Fogoneros, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Territorial 26 de Julio, Mov. Unidad y Lucha, MTL Rebelde, MTR por la Democracia Directa, Agrupación María Claudia Falcone, MoTOR y Agrupación Territorial Víctor Choque. A medida que las agrupaciones crecían, pedían mejores condiciones salariales. Todos los reclamos de 2011 se centran en el aumento del mísero ingreso que percibían por formar parte de una cooperativa.

A mediados de 2011 se produjo una acción directa en respuesta a uno de los primeros ajustes dentro del Plan Argentina Trabaja. Las organizaciones denunciaron miles de bajas y descuentos de hasta 50% en lo cobrado el mes de marzo. Apareció en escena la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados (AGTCAP), un gremio no oficial. Entre sus reivindicaciones principales se encontraban el fin de la tercerización del empleo público y de la precarización de las condiciones de trabajo, aumento del salario que paga el Estado para Obra Pública y a través de planes de empleo o contratación de cooperativas, ampliación y nacionalización de los planes de obra pública, subsidios a la recuperación y producción de empresas recuperadas y emprendimientos autogestivos, obra social con cobertura para el /la trabajador/a de cooperativa y su familia, aguinaldo y vacaciones pagas, extensión de la Asignación Universal a los hijos de los trabajadores precarizados, de empresas recuperadas y proyectos autogestionados.

El 26 de febrero de 2012, Cristina Fernández anunció dos incentivos para los cooperativistas; $300 por productividad y $250 por presentismo. Ello llevaría el monto total a $1.750 y parecía traducirse en un aumento de $550. Pero no fue así: quienes recibieron estos incentivos fueron 30.000 cooperativas que ya venían trabajando en el conurbano bonaerense. Estos incentivos tampoco fueron un aumento ya que como afirma AGTCAP, no quedaba claro quienes determinaban la posibilidad de realizar obras para alcanzar ese plus. Esto se suma a las innumerables denuncias de manejo discrecional y clientelar de los recursos por parte de los municipios y del  mismo control de asistencia y producción – factor clave en la real implementación del aumento. De todas formas, suponiendo que el aumento se hubiera hecho efectivo solo implicaba un aumento nominal de un 40% que no alcanzaba a la inflación acumulada.

El año 2013 es similar a los anteriores en lo que respecta a la cantidad de movilizaciones. Si bien en abril de este año, el PAT aumentó de $1.750 a $2.000, el incremento real – es decir si se descuenta lo perdido por inflación – fue del 12%. Este aumento no revirtió la tendencia a la caída del poder adquisitivo del monto del PAT, que a esta altura se había reducido un 26% respecto al monto original del 2009. Para fin de este año se realizaron movilizaciones exigiendo aguinaldo para cooperativistas del Plan Argentina Trabaja.

En números posteriores seguiremos desarrollando informes sobre movimientos sociales a veinte años del Argentinazo. El debate sigue abierto.

Bibliografía

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Página 12 – 08/01/2010

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Iñigo Carrera  Juan – “La acumulación del capital en la Argentina” Mimeo Buenos Aires 1999.