LA “CULTURA DEL TRABAJO” CARCELARIO EN ARGENTINA

Breve historia de una “nueva” propuesta

         En abril de 2004, Blumberg solicitaba al Senado, entre otros puntos, la obligación “para los encarcelados de una reeducación a partir del trabajo”. Los presos deberían cumplir un mínimo de ocho horas diarias en “obras públicas” o en “talleres, industrias o manufacturas en el interior de las cárceles para el trabajo y aprendizaje de artes y oficios”. Para el empresario textil, el trabajo (ajeno) dignifica. Un mes después, el ex “menemista” Pichetto, mandamás del bloque de senadores “K”, presentaba un proyecto para la creación de prisiones industriales, agropecuarias y/o artesanales. Él mismo levantaba los argumentos de Blumberg: se proponía “promover la efectiva ocupación de los detenidos, y su reeducación y reinserción en el mundo laboral”.

Asimismo, insinuaba que “las cárceles no continuarán siendo una beca para delincuentes, y enviarle a la misma sociedad, el claro mensaje que significa un retorno a la cultura del trabajo, que implica que los internos deberán hacer un máximo esfuerzo por convertirse en hombres probos en un marco de toda la obligatoriedad laboral posible”.

De esta manera el trabajo en las cárceles traería el “beneficio” de convertirlas en establecimientos productivos y el de “reformar” a los presos.

LA PENITENCIARIA NACIONAL

Sin embargo, el experimento no es ninguna novedad. Hacia fines de la década de 1870 en Buenos Aires, más de un siglo atrás, tomaba forma el complejo manufacturero de la Penitenciaría Nacional, compuesto por talleres de herrería, carpintería, galvanoplastia, zapatería y lo más destacado: imprenta y encuadernación. Llegaron a ocupar a 160 presos en 1906. En ellos se producía para la administración pública y para la venta en el mercado. Los cronistas la describían como una “organización industrial perfecta”. En 1902, el diario Le Figaro de París comentaba que el trabajo se desarrollaba en “verdaderos talleres” rechazados en varias oportunidades. Por ello la burguesía fracasó en el intento de acceder a esta mano de obra barata. Más aún los empresarios se quejaban de esta competencia: en La Prensa, el 15 de setiembre de 1901, representantes de los sectores comentaban que “diversas causas han perjudicado al gremio, ante todo el establecimiento de la tipografía en la Penitenciaría Nacional. La baratura de la mano de obra, debido a que el penado gana sólo 20 centavos diarios, ha dado lugar a una gran decadencia en los más importantes establecimientos particulares”.

Los presos eran instruidos en férreo régimen: obediencia al maestro, silencio absoluto, aprendizaje de oficio, intensidad y predisposición para trabajar. De no cumplir, recibían castigos de quince días de penitencia sin visita y rebaja a “conducta pésima”. La competitividad dependía de la explotación intensiva de los presos: su salario máximo era de 40 centavos al día, ni el 10 por ciento del promedio en la rama, donde imperaba una jornada menor.  Incluso esta suma nunca llegaba al preso: si no tenía “responsabilidades civiles”, o sea una familia, la mitad de su salario le correspondía, mientras que lo restante iba al Estado. Pero su mitad no se realizaba en efectivo: se acreditaba a un fondo personal por medio de anotaciones en sus libretas, a ser cobrado en el momento de su liberación. El sistema permitió todo tipo de arbitrariedades, la más común era la sustracción de libretas. De este modo se impedía que los presos recibieran su salario correspondiente.

En el contexto en el cual el dominio del capital sobre el trabajo es formal (el obrero no es dependiente por completo del salario, puede independizarse y establecer su taller) y la fuerza de trabajo es una mercancía relativamente escasa, el capital precisa mecanismos coactivos para lograr su subordinación. En este sentido la Penitenciaría contribuyó a la precarización. La Argentina repitió en menor escala la experiencia de Inglaterra en el período de la Revolución Industrial. Allí a partir de las “Leyes de pobres” (que tienen un correlato con nuestras “Leyes contra vagos y malentendidos”, destinadas a disciplinar y proletarizar al gaucho), los mendigos y los desocupados eran arrestados y enviados a cumplir condena en las Work-Houses. Así se obligaba a las personas a trabajar en cualquier lado y por cualquier salario antes que gratuitamente en la cárcel.

¿ENTIENDE?

Hacia fines del siglo XIX los talleres gráficos de la Penitenciaría contaban con maestros de tipografía y encuadernación que enseñaban los diferentes oficios a los presos. Estos se especializaban y podían aprovechar luego ese aprendizaje para conseguir empleo. En la actualidad la burguesía pretende reflotar la experiencia. Para legitimar su planteo, coloca la carencia de un oficio como causa del delito. La necesidad reside en “proyectar tareas productivas para ocupar a los internos durante la extensión normal de una jornada de trabajo y capaces de mantener o aumentar sus capacidades para ganarse su sustento con posterioridad a su liberación”.

No obstante, la situación actual es distinta. El oficio, relacionado con el mundo artesanal de antaño, ha desaparecido en la mayoría de las ramas. Los conocimientos que podrían enseñarse carecen de utilidad para el desempeño laboral. La mecanización, el desarrollo de la gran industria, los ha tornado obsoletos. Hoy, la gran mayoría de la población está sometida a la relación asalariada. El proceso de concentración y centralización del capital, cierra las chances de que un obrero pueda montar su tallercito y competir. Por otra parte, tampoco como obrero le serán requeridos esos conocimientos. La gran industria demanda obreros descalificados.

A su vez, ese mismo desarrollo provoca desempleo. La introducción de máquinas, que facilitan la labor, ocasiona (en este régimen social) la expulsión de obreros de las fábricas. Esto fue lo que ocurrió en las últimas décadas en la Argentina; el desempleo fue producto de la profundización del capitalismo y no de su ausencia. Entonces, la intención escondida tras el manto de “reinserción social” del preso, no es la educación laboral de los mismos. En cambio, como bajo el nazismo, donde el capital alemán utilizaba como esclavos a los prisioneros de los campos de concentración, la clase dominante de la Argentina intenta emplear a los presos como trabajadores gratuitos para poder competir en el mercado. El mismo Pichetto expresa en su proyecto que “la administración carcelaria podrá formalizar los contratos de colaboración empresaria a que alude la Ley 19.550, en la medida que los mismos tiendan a facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad penitenciaria industrial o a perfeccionar e incrementar el resultado de dichas actividades”.

Esta experiencia es aún más reaccionaria que la experiencia de comienzos del siglo pasado, puesto que ahora los mismos empresarios pretenden acceder a este reservorio de trabajo barato. Antes que una propuesta de “regeneración”, esta política es una pieza más de la estrategia de la burguesía en la crisis; convertir a las cárceles en la vía para que una burguesía vetusta, la mentada “burguesía nacional”, emplee gratuitamente a una fracción de la clase obrera, a la que ella misma ha sumido en el desempleo y empujado a la delincuencia.