AGOTAMIENTO HISTÓRICO DE UN MODELO

       Marchas en todo el país, discursos de los operadores del poder burgués en todos sus ámbitos estatales e ideología desenvuelta desde los medios de comunicación dan cuenta de la miseria cultural en la que se sumerge nuestra clase trabajadora y los sectores populares desplazados del trabajo formal: unos, para afirmarla y pronosticar su crecimiento a favor de un acuerdo de pago de la deuda externa, otros para negarlo e incentivar la esperanza en una “salida” del tipo de la tristemente famosa “luz al final del túnel”.    
      Lo cierto, más allá de ambos discursos, es que el modelo capitalista de producción (tardío y dependiente, en el caso de nuestro país) en el que desenvolvemos nuestra existencia asume en lo inmediato un efecto devastador en la existencia de amplios sectores de población sumergidos en el desempleo y las estrategias de sobrevivencia precarizadas con su inevitable secuela de marginalidad, expresada en carencias y sufrimientos.

       La transferencia neta de recursos hacia los sectores más concentrados del capital financiero con la que toma objetividad la cuestión, por fuera de toda narración justificante o impugnante, traduce en la reducción de las posibilidades del Estado para atender las necesidades sociales de los sectores más desprotegidos, entre los que deben ubicarse a las niñeces, para quienes el deterioro material y espiritual de la calidad de vida es doblemente dañino ya que les afecta no solo como integrantes de la comunidad hoy sino como importante obstáculo para sus expectativas futuras.

      En este punto es necesario tener presente que las niñeces se construyen como sujeto en obligada dependencia de los otros. Por eso, una de las variantes de esta situación social injusta es la manifiesta imposibilidad de los padres para proveer a sus demandas esenciales de bienes para subsistencia, salud e instrucción.

      A nadie puede entonces extrañar que el panorama visible sea niños mendigando, rapiñas y hurtos de carácter epidémicos e incremento de la violencia. Es previsible entonces que, en alto porcentaje, la reacción a este cuadro de situación asuma un marcado componente de violencia. Una existencia de carencias de carácter tan extremo que restan humanidad al sujeto deben conducir necesariamente a internalizar la propia condición de vida de estos sectores de la clase trabajadora que no reciben ingresos que superen la canasta familiar, o la de aquellos que directamente han sido expulsados de la producción y el área de los servicios como una injusticia esencial, no circunscripta al discurso jurídico de la declaración de derechos subjetivos que, por declarados, no admiten en contemporáneo ningún tipo de realidad.

        La marginalización, la fuga psíquica por alcohol-fármacos-otras drogas y el compromiso con situaciones inicialmente consideradas delitos como práctica habitual, se exhiben así fuera del contexto primario de la producción general de mercancías en la Argentina, su comercialización e intercambio y el proceso concentrado de apropiación privada del valor generado por ese trabajo humano organizado. Frente a este fenómeno se detectan en la esfera estatal problemas significativos.

• En primer lugar, la violencia del Estado por vía de sus estructuras represivas o elementos paralelos a esas agencias sobre aquellos jóvenes etiquetados y previamente  categorizados como “peligrosos”.
• Estructuras edilicias de presunta contención institucional, absolutamente deficitarias si se tienen parámetros de convivencia digna, higiene y seguridad, con diferentes condiciones habitacionales, hacinamiento, promiscuidad y total ausencia de tratamiento adecuado para problemas tales como la drogadependencia, el VIH, la sífilis y la tuberculosis.

Asimismo, aquel a quien se le vincula con una presunta conducta delictual -momento en el cual el niño abandona esa condición para ser estigmatizado bajo la categoría de menor– se encuentra frente a un formalismo judicial e institucional que le resulta ajeno, máxime cuando el mismo se reviste de una justificación ideológica que parte de considerar al niño como sujeto de derecho.

El punto de partida es entonces un niño inadaptado al que hay que “rehabilitar” reasignándole derechos, previa penalización, privación de libertad en institutos, desconociendo que ese grupo humano donde se inserta el joven no es otro que un emergente de una clase social, carenciado en el marco de determinadas relaciones definidas, en última instancia, por el proceso económico que expulsa a su entorno familiar de la producción condenándolo, vía desempleo, a la marginalidad.

     Pese a declarar derechos subjetivos y exhibir como camino el desenvolvimiento de políticas sociales, el Estado hace eje en la seguridad individual como valor fundamental que es necesario establecer a cualquier costo. En este sentido, el modelo procesal con el que opera el magistrado no es otra cosa que una parte de las representaciones de la realidad que desde lo político e ideológico contribuyen a justificar y dar sentido a ese marco represivo.

     Existe una especie de convención social institucionalizada según la cual la niñez  previamente caracterizada como desviada de la norma, debe ser apartada, guardada, separada, y segregada de la vida social, trasladándola a un espacio oscuro no visible para proteger de este modo al resto del cuerpo social. El sistema correccional funciona, pues, como retribución a lo que se considera una demanda colocada bajo el paraguas protector de la “amenaza a la seguridad “ de las personas y sus bienes.

     Ocurre, sin embargo, que este modelo de control social involuciona hacia su total decadencia  – léase falta de efectividad en las tareas que le son asignadas desde el esquema de poder dominante (evidenciada en la queja respecto a que los menores “entran por una puerta y salen por otra “) –  , de forma tal que degenera en el sustento para una fuerte tendencia hacia la represión física, lisa y llana: sea ésta institucionalizada a través de simulacros de enfrentamientos con fuerzas policiales o bien de facto, a través de los sucesos que se espejan como enfrentamientos entre bandas juveniles que ingresan en el proceso económico que da base al llamado narcotráfico.

     Es de la naturaleza de toda crisis el agotamiento de lo viejo y la falta de cristalización de lo nuevo, sin perjuicio de lo cual, su superación por la vía de un salto cualitativo no parece una tarea simple para el conjunto de los explotados. Parte de esa complejidad se integra por la confusión a la que se acercan a construir quienes se exhiben como “reparadores”, en tanto luego de la queja sobre lo dado, apelan para lo deseado, herramientas que sólo implican la denuncia y la impugnación formal para luego acudir a remedios que no son tales por la proyección estructural que tiene la crisis, con basamento en una estrategia discursiva que toma forma jurídica, facilitando que el Estado y la burguesía dominante a cuyos intereses representa, se desplacen de su responsabilidad por ese crimen social y apunten a particularizarla en el propio grupo humano cercano al niño-adolescente y aún más en este último, por vía de la formulación penal del fenómeno en sí.

    En este marco, la situación exige la intervención directa como sujeto político de la clase trabajadora, en particular con la incorporación de estas particulares consecuencias de la crisis capitalista en el programa estratégico socialista. En ese sentido, debe quedar en claro para la clase obrera de conjunto que no será a través de grupos especiales antisecuestros, siguiendo los sermones de Berni, bajando la edad de imputabilidad, ni con una tasa de desempleo elevada como se accederá a una mayor dosis de seguridad, ni se garantizará la existencia digna de las generaciones futuras en desarrollo. Sí parece más factible la impugnación de ese discurso, combinado con la exigencia transicional al poder burgués de la incorporación al aparato productivo de la masa social de desplazados por el modelo de acumulación capitalista, la vigencia de salarios equivalentes a la canasta familiar ajustada a su deterioro según aumento de costo de vida. Es fundamental realizar una campaña para exigir ese salario como mínimo para todos los trabajadores sin excepción.
    La burguesía se apoya en la enorme desocupación y precarización laboral para seguir empujando los salarios a la baja y también en las divisiones entre los sindicatos que no se ocupan de los trabajadores en negro y/o precarizados (que son la mayoría) donde cada cual pelea por la suya, sin encarar una acción de conjunto. Todas esas divisiones y mezquindades deben ser superadas y establecer una lucha unitaria para arrancar a la burguesía el salario que nos corresponde.

      Esa tarea inmediata se liga necesariamente a aquella otra que impone en forma conjunta a la acción, que los trabajadores y el conjunto de los explotados asumamos la tarea ineludible de tomar en sus manos el poder del Estado y utilizar sus herramientas como medio de cambio de las injustas relaciones sociales existentes bajo el modo de producción capitalista.