MATANZA INDÍGENA DE NAPALPÍ

EL CHACO TRÁGICO

     Se levantan cuando el sol aún es una promesa. En larga procesión, camina toda la familia: Abuelos, padres e hijos – sin distinción de sexo – deambulan en caravana hasta el corazón del algodonal. Los muy chicos van en brazos, masticando pan, el desayuno. El verano ya es recuerdo y los pies descalzos dan cuenta del frío. Comienza la jornada de cosecha. Caminan por largos pasillos, no se detienen, ida y vuelta, dejan el bolsón y comienzan con otro. Así hasta el mediodía, aún en ayunas. Con el sol en lo más alto, un guiso flaco con sopa y pan hacen las veces de banquete. Comer rápido y volver al trabajo. El infierno blanco de algodón sigue ahí. Hasta que baja el sol, reloj natural que marca el fin de la jornada. Y volver a la casa. Y, con suerte mate cocido. Y dormir. Y volver así a empezar. Todos los días. De lunes a lunes.

Y un día la injusticia crece: cobran menos y en vales, la comida no alcanza y el enojo crece. ¿Volver a la vida autónoma? ¿Dejar de cosechar para los blancos? ¿Emigrar a los ingenios de Salta y Tucumán?

La asamblea de ancianos y caciques decide sin dudar; huelga hasta que el patrón ceda.

La histórica represión en el sur argentino en la década del ´20, conocida como “La Patagonia Trágica” (o “rebelde”) tuvo su equivalente silenciado en el Chaco con los indígenas que reclamaban mejores condiciones de trabajo en las plantaciones de algodón. El gobernador chaqueño, Fernando Centeno, había ordenado: “Procedan con rigor para con los sublevados”. Fue el 19 de julio de 1924 a las nueve de la mañana, cuando la policía rodeó la Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños. A todos mataron y, como trofeos de guerra, cortaron orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos en la localidad cercana de Quitilipi. Los asesinados fueron más de 200 aborígenes que se negaban a seguir siendo explotados, que reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza, la versión oficial esgrimió “la sublevación indígena”. Era el mismo período de las masacres de obreros en la  Patagonia, años en los que en el norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato de pobladores originarios que resistían su inclusión definitiva a un mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio.

En 1895 la superficie sembrada de algodón en el Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres, mujeres y niños de piel oscura. En 1923 los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50.000 hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recojan el “oro blanco”.

El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo Torcuato de Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y el Territorio Nacional del Chaco ya se perfilaba como el primer productor nacional de algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la Reducción Aborigen de Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, se declararon en huelga; denunciaban maltratos y la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allí intentaron ir los pobladores pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco. El indígena no podía trabajar su propia tierra y la única alternativa era seguir cosechando con muy baja paga, pero igual se resistía. El 18 de julio, y con la excusa de un supuesto malón indígena, Centeno dio la orden.

Disparos. Gritos. Llantos. Humareda. Miedo. Emboscada. Machetes y palos no compiten contra fusiles. Correr, escapar. El monte como aliado y salvación. Muchos intentan esa salida, pero pocos tienen éxito. Las balas perforan la carne y eyectan la sangre. Un camino formado por cuerpos muertos y heridos. Llantos de niños, gritos de mujeres, súplicas de clemencia. Ruido seco de machetes. Silencio. Olor a pólvora. Risas de verdugos. El trabajo estaba terminado.

A la mañana del 19 de julio , 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar los Winchester y Máuser a todo lo que se movía, hubo silencio y humareda de los fusiles. Los heridos fueron asesinados a machetazos. El periódico Heraldo del Norte recordó, a finales de la década del ´20, el hecho: “Como a las nueve, y sin que los inocentes indígenas hicieran un solo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin respetar sexo ni edad”.

El 29 de agosto – cuarenta días después de la matanza – el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique Lynch Arribálzaga, escribió una carta que fue leída en el Congreso Nacional: “La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”.

En el libro “Memorias del gran Chaco”, de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y cuenta que al mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga, “se lo mató en forma salvaje y se le extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos como trofeo de guerra”. En el libro “Napalpí, la herida abierta” el periodista Mario Vidal detalla: “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados. Entre hombre, mujeres y niños fueron muertos alrededor de 200 aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento huelguista”.

Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: “Se dispararon más de cinco mil tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos, esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados en fosas comunes, otros fueron quemados”.

La Reducción de Napalpí había sido fundada en 1911, en el corazón del entonces Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de las etnias Pilagá, Abipón, Toba, Charrúa y Mocoví. El corresponsal del diario La Razón, Federico Gutierrez, escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas de tierra flor están en poder de los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean en secreto”.

Al igual que en los asesinatos de la Patagonia, a 94 años de la Masacre de Napalpí, aún nadie fue sancionado, el crimen permanece impune y las escasas tierras que permanecen en manos aborígenes les siguen siendo arrebatadas.

Ironía del destino y decisión de asesinos con poder: Napalpí – el lugar donde ocurrió la masacre – significa en toba “lugar de los muertos”. Esteban Moreno es abuelo y cacique toba. Tiene ojos negros achinados. Mirada perdida y manos grandes con cercos profundos de trabajo de hombre de campo. Andar lento, hablar firme, palabra preciosa. Descendiente de sobrevivientes de la matanza de Napalpí.

“Los mataron porque se negaban a cosechar. Nos dimos cuenta que fue una matanza porque sólo murieron aborígenes, tobas y mocovíes, no hubo soldados heridos, no fue lucha, fue masacre, fue matanza”, afirma sobre 1924 y detalla el presente: “Levantarse cuando el sol todavía no está. En procesión caminan abuelos, padres, hijos. Todos hacia el algodonal. Los muy chicos van en brazos, desayunando pan. El frío congela los pies descalzos. Larga jornada de cosecha hasta el guiso flaco del mediodía. Comer rápido y volver al trabajo. El infierno blanco de algodón sigue ahí. Hasta que baja el sol y se puede volver al rancho. Dormir y volver así a empezar. Todos los días. De lunes a lunes”.

Por esta violencia cotidiana: tampoco nadie fue sancionado, también sobrevive la impunidad.

UN PLAN SISTEMÁTICO

Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes – con la mano de obra policial o militar – para privar a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción capitalista. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro “La violencia como potencia económica: Chaco 1870 – 1940”, el historiador Nicolás Iñigo Carrera afirma: “Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un proceso que los convertía en obreros obligados a vender su fuerza de trabajo para poder subsistir, premisa necesaria para la existencia del capital. Un modo de vivir había sido destruido”, destaca Iñigo Carrera en su libro. Además de someterlos, el Gobierno quería ampliar los cultivos, dar tierras a grandes terratenientes y concentrar a los indígenas en pequeñas reservas. Siempre la versión oficial “civilizadora y cristiana”, hablaba de malones o enfrentamientos despiadados. Pero los muertos siempre eran pobladores originarios. Sobre los imaginarios combates, el historiador Alberto Luis Noblía remarcó que “las naciones aborígenes chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros pueblos. Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra barata”.

El 21 de julio de 1925 – un año después de la matanza – el ministro del interior, Vicente Gallo, reconocía los deseos del presidente Alvear. “El Poder Ejecutivo considera que debe encararse de manera definitiva, como un testimonio de la cultura de la República, el problema del indio; no sólo por razones de humanidad y de un orden moral superior, sino también porque una vez incorporado a la civilización será un auxilio valioso para la economía del norte del país”.