LAS PENAS SON DE NOSOTROS, LOS CERRITOS SON AJENOS

         Hasta el ciudadano más desprevenido seguramente tenga alguna referencia acerca del cerro catedral de la ciudad de Bariloche. Uno de los centros de esquí más importantes del mundo, icono de alegría y felicidad de estudiantes secundarios, grato recuerdo de visitantes internacionales, etcétera. Lo que probablemente se desconozca – a nivel general – es que esta maravilla natural sea el epicentro de la voracidad desmedida de empresarios y funcionarios de orden municipal, provincial y hasta nacional, además de ser el espejo donde se reflejan las miserias y ambiciones de aquellos sectores que la mujer y el hombre de a pie legitiman cada dos años a través de las urnas, bajo el engaño de preceptos democráticos que ocultan las feroces intenciones de los que ostentan poder y privilegio desde siempre. Fenómeno éste, digno de ser analizado en alguna otra oportunidad bajo el siguiente interrogante: ¿Por qué votamos sistemáticamente a aquellos que representan y defienden intereses ajenos a los nuestros?

Pero lo cierto es que el cerro catedral en estos últimos tiempos ha sido y sigue siendo el foco de atención de la opinión pública barilochense y el motivo de movilizaciones y acciones de la comunidad a través de sus organizaciones para intentar frenar un negociado espurio por parte de la empresa concesionaria del cerro en connivencia con el poder político bajo la consigna “Un cerro para todos”.

En noviembre de 2017, el intendente Gustavo Gennuso firmó en forma secreta un acta acuerdo con CAPSA (concesionaria actual del cerro) para prorrogar dicha concesión por 38 años evadiendo el proceso de licitación correspondiente.

A grandes rasgos, el proyecto consta de la entrega de 70 hectáreas para un negocio inmobiliario, avasallando la legislación ambiental que establece el carácter inalienable de esas tierras (carta orgánica).

Vale la pena destacar que dicho proyecto plantea la extensión por 30 años, hasta el año 2056, de una concesión a la que le quedan todavía 8 años de vigencia en beneficio de la empresa Catedral Alta Patagonia SA (CAPSA), parte del Grupo Vía Bariloche. Los términos del acuerdo son básicamente los siguientes: la empresa ofrece 22 millones de dólares para modernizar parcialmente el centro de esquí a cambio de reconocer el poder concedente al Municipio – que siempre cuestionó en sede judicial – y que le otorguen la posibilidad de realizar un desarrollo inmobiliario en 70 hectáreas de propiedad fiscal en plena montaña.

Asimismo, no se acompaña el Estudio de Impacto Ambiental requerido por ley, ni para el plan de inversiones (que utilizará enormes cantidades de agua potable para fabricar nieve artificial y aumentará la superficie esquiable) ni para el desarrollo inmobiliario que choca con la Carta Orgánica Municipal, que establece que no puede urbanizarse en la zona – como dijimos, las tierras son inalienables – con la Ley de Bosques y contra la Ordenanza 1640-CM-2006 que aprobó un estudio geológico declarando como NO APTA para la urbanización a esa zona.

Para colmo, semejante negociado se aprobaría sin que se revise el canon que paga la empresa anualmente al municipio y que fuera fijado en 1992 por el pliego original. Dicho canon es de sólo 13 millones de pesos, el equivalente al 1,3% de lo que facturó Vía Bariloche – dueña de Capsa – durante 2017 en el cerro; dicha concesión es el negocio más importante de la ciudad cuyo Municipio se encuentra al borde de la quiebra, con déficit operativo que cubre con Aportes del Tesoro Nacional y con giros en descubierto bancario. Lo cierto es que la facturación bruta en Villa Catedral entre el centro de esquí, restaurantes, hoteles, locaciones y publicidad durante los 50 días de temporada alta y media, supera en aproximadamente 500 millones de pesos el presupuesto de la ciudad para sus gastos anuales.

Por otro lado la ciudad está sumida en una crisis de infraestructura sin precedentes: la planta de tratamiento de efluentes está colapsada, sólo la mitad de la población está conectada a cloacas. Al igual que el vertedero municipal, el servicio eléctrico no puede abastecer la demanda, lo que implica que hasta el mismo Cerro Catedral se quede sin luz recurrentemente en plena temporada. Existe una gran proporción de la población que no tiene conexión a la red de gas, barrios enteros que se inundan en la temporada de lluvia y se quedan sin agua potable en verano por falta de obras, las calles están devastadas y el transporte urbano de pasajeros es deficitario pese a tener la tarifa más cara del país. Resulta evidente hasta para el más distraído que este proyecto, lejos de dar alguna solución a esta situación, sólo va a profundizarla, aumentando la presión sobre la deficiente infraestructura. Aprobar esta ordenanza en este marco es como una burla a los miles de hogares que padecen estas restricciones cotidianamente.

A partir de esta realidad se abrieron dos caminos de resistencia: el judicial y la acción popular. El primero se dio en el marco de la presentación de un recurso ante la cámara de apelaciones en lo civil, comercial y minería por parte de legisladores del FPV, haciendo ésta lugar al pedido de medida cautelar que prohíbe al intendente toda innovación respecto del contrato original y que no tiene plazo de finalización.

El otro camino fue la acción ciudadana contemplada en la carta orgánica bajo el formato de referéndum. La iniciativa popular permitiría a los vecinos presentar un proyecto de ordenanza, si se juntara el 3% del padrón electoral – objetivo rápidamente obtenido con 3354 firmas – el Concejo Municipal estaría obligado entonces a darle tratamiento y, en caso de ser rechazado, el intendente debería abrir la posibilidad de que los mismos ciudadanos juntasen un 7% más de firmas. De lograrlo, el Ejecutivo se vería obligado a convocar a un referéndum de carácter vinculante. Es necesario destacar que la campaña continúa en busca de ese 7% camino al referéndum.

Ahora bien, en términos políticos se puede observar que el funcionariato local recibiría presiones tanto del gobierno provincial, de su mismo partido “Juntos somos Río Negro”, aliado de Vía Bariloche y del gobierno nacional, ya que se pronunció reiteradas veces a favor del proyecto el mismísimo Nicky Caputo – amigo personal del presidente – que sería beneficiario indirecto del mismo, pues la infraestructura proyectada pasaría frente a su propiedad en el cerro San Martín donde desde hace años tiene en carpeta un proyecto inconcluso por carecer de acceso a los servicios necesarios para su desarrollo y este contrato le vendría como anillo al dedo.

En 2016 el jefe comunal y sus laderos se opusieron a un proyecto idéntico que presentó CAPSA, de lo que podemos deducir las actuales presiones políticas antes mencionadas. Pero lo realmente curioso y sorprendente es la posición adoptada por la ex intendente Maru Martini del FVP en franca oposición al proyecto, cuando allá por 2014 se sentó en innumerables oportunidades con autoridades de CAPSA para darle forma a un plan de inversiones previsto para el centro de esquí que finalmente derivó en la actual propuesta. También la gerenta general de Catedral Alta Patagonia SA, Helga María Salvatelli, en declaraciones radiales afirmó: “Cuando tuvimos el resultado de ese estudio, salimos corriendo con la carpeta bajo el brazo a presentárselo al gobierno y la respuesta fue que no era el momento político porque venían las elecciones y había que tratarlo más adelante, y el proyecto de cerro Catedral fue cajoneado por una cuestión de oportunidad política”, refiriéndose al periodo en que Martini  ejercía el cargo de jefa comunal, de lo cual se podría inferir sin mayores esfuerzos que por estas latitudes nunca fue tan gruesa la grieta como nos quiere hacer creer la caterva de agentes funcionales al despojo y al saqueo capitalista.

Por último, el 14 de Junio los ciudadanos de Bariloche supimos que el acuerdo Gennuso-CAPSA para extender sin licitación el contrato de concesión en el Cerro Catedral, será definido por el Supremo Tribunal de Justicia.

Hasta aquí los hechos, que sugieren más interrogantes que certezas. Lo verdaderamente cierto es que los beneficios del cerro nunca fueron disfrutados por el grueso de la población local bajo ningún gobierno, en términos económicos ni turísticos y, teniendo en cuenta la dependencia de los tres poderes a los intereses monopólicos que se viene manifestando en los últimos cincuenta años, pareciera ser, al menos en la Patagonia, que las penas son de nosotros y que los cerritos son ajenos.

Desde los arrabales andinos, Sergio Di Bucchianico.