PUEBLO, NACIÓN Y CLASE – Sobre el “Conflicto Mapuche” en la Patagonia

          Tiempo atrás se puso sobre la palestra lo que se dio en llamar el “conflicto mapuche” en la Patagonia, a raíz de sucesivas represiones por parte de Gendarmería Nacional y la Policía de Chubut sobre la Comunidad Cushamen, asentada sobre tierras en propiedad de la empresa dueña de la marca Benetton, en la provincia de Chubut. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, valiéndose del  instrumento legal heredado del gobierno anterior, acusó a los indígenas de formar parte de una organización terrorista: la Red Ancestral Mapuche, que actuaría a ambos lados de la cordillera y que mantendría lazos internacionales de lo más disparatado con las FARC, con grupos kurdos, con la ETA y con una entidad mapuche con sede en Bristol, Inglaterra. Incluso la cuestión dio lugar a una serie de debates acerca de la nacionalidad de los mapuches. Funcionarios provinciales y varios medios de comunicación reflotaron la idea de que los mapuches son araucanos de origen chileno, invasores responsables del aniquilamiento de “nuestros tehuelches”. El grupo de Etnología de la Facultad de Filosofía y Letras les retrucó con un nacionalismo contrario; el grueso de los denominados hoy mapuches nació en territorio argentino y, además, se trataría de un pueblo pre-existente.

EL TERRITORIO MAPUCHE

Según los datos del Censo 2010, la región de la Patagonia reúne un total de 2.100.188 personas de las cuales 145.000 se auto reconocen como descendientes o pertenecientes a un pueblo originario. De esta manera, se trata de la región con mayor población indígena de la Argentina, en donde alrededor del 80% pertenecería a la etnia mapuche. En particular, Chubut concentra el mayor porcentaje de personas de esta procedencia con un 8.5% de sus habitantes. Además, lejos del sentido común y, como ocurre en el resto del país, la inmensa mayoría de estos habitantes se asienta en ciudades y no en zonas rurales. Esta medición está construida bajo un criterio subjetivista de la auto-descripción y que oculta su porción objetiva, en términos de clase, dentro de la estructura social.

Sin embargo, más allá de esto, las provincias patagónicas han sido el epicentro del surgimiento y desarrollo de diversas organizaciones estructuradas alrededor de esta identidad indígena. Siguiendo la tendencia general que se observa en Latinoamérica, las primeras de ellas nacen en la década  de 1980, aunque en el caso de Neuquén se encuentra como antecedente la Confederación Indígena Neuquina, que surge a  principios de los ‘70 de la mano de la Iglesia Católica provincial y rápidamente queda bajo el control del Movimiento Popular Neuquino. Ya en los ´80 esta entidad pasa a denominarse Confederación Mapuche Neuquina, todavía hoy en actividad. Durante esos años, la gran mayoría de ellas impulsadas por ONG’s de raigambre católica activan una verdadera irrupción de organizaciones. Entre ellas se destaca también en Neuquén la organización Nehuén Mapu, uno de los primeros grupos de mapuches urbanos. Surgió en 1982, a instancias de grupos migrantes del medio rural. Varios de sus integrantes tenían experiencia en la militancia barrial, sindical y partidaria, así como también en tareas comunitarias vinculadas al obispado local.

En el caso de Río Negro, en esa época, surge el Consejo Asesor Indígena que tiene como antecedente, otra vez, un movimiento impulsado por la Iglesia y el gobierno provincial para contrarrestar los efectos de una gran nevada que había afectado a gran parte de los pequeños productores rurales de la zona. También aquí surgen varios grupos urbanos: los Centros Mapuches, en las principales localidades de la provincia (Bariloche, El Bolsón, General Roca, etc). Estos centros se diferencian del CAI porque colocan su demanda en el derecho a la diferencia cultural, más que a una articulación en tanto campesinos. Por su parte, Chubut, donde hoy está puesto el foco por el avance represivo, presenta la particularidad de que este avance organizativo es más tardío y que, a su vez, no ha dado lugar a una organización provincial que reúna en su representación a las diferentes comunidades. Tampoco, a diferencia de lo que ocurrió en Neuquén y Río Negro, en Chubut han existido hasta bien entrada la década del ´90 instituciones gubernamentales que hayan centralizado las cuestiones relativas a los pueblos originarios. De esta manera, la tan reivindicada “participación indígena” en la gestión estatal, que resultó un eficaz mecanismo para procesar demandas y cooptar dirigentes, tanto en Neuquén como en Río Negro, no tuvo el mismo peso en Chubut.

De los casi 32.000 habitantes que se reconocen como mapuches en esta provincia, poco menos de 7.000 viven en zonas rurales (INDEC, 2010). La gran mayoría se asienta en barrios periféricos de las ciudades, en particular en Esquel, viviendo en pésimas condiciones. En varios comunicados se resalta la condición de desocupados o con empleos precarios y estacionales de los mapuches. En este contexto, las organizaciones tienen como elemento central de su programa la recuperación de tierras. Se proponen un retorno a los lugares de origen. Un caso destacado en este sentido es el de la comunidad  Pillan Mahuiza, que surge como proyecto de algunos militantes mapuches que, habiendo nacido en la ciudad, ven la necesidad de desarrollar la experiencia de vivir en la tierra como forma de fortalecer su identidad. Este es un proceso que se viene desarrollando en los últimos años. Población que había sido desplazada del medio rural a las ciudades – ya sea por haber sufrido desalojos de tierras fiscales o más marcadamente por la falta de oportunidades laborales – e incluso obreros que nacieron en espacios urbanos. Hoy, ante la desocupación abierta ensayan esta salida de vuelta al campo, impulsados por una suerte de esencialismo estratégico, que señala que sólo de esta manera podrán realizarse enteramente como mapuches.

EL MOVIMIENTO MAPUCHE AUTÓNOMO Y LA RED ANCESTRAL MAPUCHE

Si bien se desprende de lo  anterior que el grueso de las organizaciones mapuches se limitan a reclamos de ciertos derechos democráticos, de autogestión y de defensa del medio ambiente, la avanzada represiva de los gobiernos nacional y provincial, incluyó toda una construcción ideológica de los mapuches como enemigo externo. Pusieron el foco en la figura de Facundo Jones Huala, sobre el que pesa un pedido de extradición por la justicia chilena y la Red Ancestral Mapuche. En nuestro país forma parte de ella el Movimiento Mapuche Autónomo, que se declara independiente del Estado, las fundaciones, las empresas y las ONG’s. Su programa de máxima consiste en “la reconstrucción del Mundo Mapuche como el camino a la liberación nacional mediante la recuperación de las tierras productivas y sagradas”. Hablan en términos de Nación Mapuche y afirman que su reconstrucción sería posible desde las comunidades (lof) rurales e incluso que “aquellos que habitan en las urbes debieran plantearse seriamente el retorno a la vida en lof bajo los principios de NorMonguel y el AzMapu”.

Estos planteos parten del supuesto falso de entender a esa población en el período anterior a la Conquista como formando una única comunidad organizada. El  “pueblo Mapuche” en realidad era una serie de grupos diversos, relacionados por no más que cierta afinidad lingüística. La mayoría de ellos se habían desplazado en una vasta región que incluía el sur de los actuales territorios chileno y argentino, pero cuya dinámica podría  haberlos llevado más allá, de no ser por la conquista. De ser consecuentes con esa reconstrucción, no  bastaría con “recuperar” algunas estancias para poder recrear el “mundo Mapuche”, sino que implicaría la expropiación de toda la Patagonia y la región de la Araucanía chilena, con la consecuente expulsión de la población no-mapuche.

Más allá de esta cuestión, con tales propósitos su confrontación es sobre todo contra el gran capital, las grandes estancias y las multinacionales. De esta manera,  reproducen mucho de lo que plantean los estudios académicos que proliferan hoy en día. El principal responsable de la situación de los llamados mapuches sería el comúnmente  denominado “modelo del agronegocio” que se distinguiría por su carácter extractivo y la injerencia de capitales transnacionales. Sin embargo, estos planteos dejan de lado el problema de fondo: la actividad está guiada por la búsqueda de aumentar la tasa de ganancia en países donde el capital condena a gran parte de la población al carácter de sobrante. El problema no es un aparente nuevo modelo de desarrollo agrario. Es decir, no es un problema técnico o de la nacionalidad de los capitales que intervienen, sino de la transformación de los espacios rurales según las necesidades de la ganancia capitalista. De hecho, la arcaica forma de explotación de la tierra era mucho más agresiva y, por eso, obligaba a los grupos a un nomadismo agrícola, resultado del rápido agotamiento del suelo.

LA CUESTIÓN INDÍGENA

Como se desprende de lo dicho hasta aquí, la mentada identidad indígena no surge espontáneamente ni es preexistente o innata, sino que es el resultado de la intervención de distintos sectores de la burguesía que propician así la fragmentación de la clase obrera. En el caso de Jones Huala, si bien reconoce su condición de trabajador y la de sus compañeros, no logra desarrollar una estrategia y organización que tenga como premisa esa posición estructural y, por lo tanto, cae en salidas inviables. Al igual de lo que ocurre en organizaciones campesinas, se trata de obreros desocupados u ocupados de manera precaria y estacional que ensayan experiencias en base a una identidad social mistificada. De todas formas, sería pretencioso y exagerado responsabilizar de ello al mismo Huala. El verdadero problema es que el grueso de los partidos políticos y la izquierda misma, en vez de combatir la falsa conciencia, se pliega a ella. Desconociendo la realidad concreta en la que intervienen, plantean que “la cuestión de la tierra es la cuestión indígena”, a pesar de que con solo mirar los datos del último censo de población salta a la vista que 7 de cada 10 de los llamados indígenas viven en ciudades. Con esta ceguera, hacen propios los postulados más duros de la academia burguesa, centrados casi exclusivamente en las interpretaciones subjetivas a la identidad y pasan completamente por alto la posición objetiva que ocupan estos compañeros dentro de la estructura social. En resumen, actualmente el accionar político del “movimiento mapuche” se mueve dentro de un arco que va desde organizaciones cooptadas por el Estado hasta organizaciones que desarrollan acciones directas y que parecen acercarse a un programa político de transformación pero, hay que decirlo, caen en un romanticismo reaccionario asentado sobre supuestas prácticas ancestrales que los aísla del resto de la clase obrera. Estos mecanismos posmodernos le sirven a todo el entramado de la izquierda  para sostener en abstracto la fórmula de la revolución permanente, pero a costa de subestimar a esta población y negarle el papel protagónico, en tanto obreros, dentro de una estrategia revolucionaria. Solo se trataría de una masa marginal oprimida a la que la clase obrera debería “brindarle su apoyo”. Jones Huala dice que son obreros, también dice que no tiene ninguna importancia si son argentinos o chilenos, pero concluye que son fundamentalmente mapuches y la izquierda considera que lo que corresponde es “acompañar” en lugar de terminar de desarrollar este salto de conciencia. De esta forma, apenas logra intervenir con una política seguidista, haciendo propio el programa reaccionario del indigenismo. Así, en vez de disputar su dirección, se la regala al aparato rentado indigenista.

Las características estructurales que describimos muestran la falsedad de la antinomia indígena / no-indígena. Una vez más, la tarea política que se impone, por el contrario, es superar la fragmentación en el mismo interior de la clase obrera. Es decir, organizar a todos los obreros desocupados y subocupados, junto con trabajadores ocupados, estatales o privados. Una porción para nada despreciable de los compañeros hoy organizados en el  movimiento indígena muestran una gran imposición de lucha. Detrás de las reivindicaciones ancestrales, los reclamos de estos trabajadores no difieren de los de las capas más pauperizadas de la clase: vivienda, trabajo, salud…
Lo que les falta es un programa que exprese su condición de clase para guiar sus acciones.